Todo empezó con una conversación. Un profesor de instituto me comentaba que la enseñanza secundaria obligatoria en la comunidad de Madrid se encontraba peligrosamente cerca de superar un límite clave —el de la mitad de los alumnos cursando sus enseñanzas en instalaciones públicas. A partir de ahí, especulamos, los esfuerzos de la consejería de Educación del gobierno de Esperanza Aguirre en favor de la educación privada y concertada cobrarían todo su sentido.

Durante los últimos dos cursos escolares se ha venido notando una intensificación en la batalla de lo privado frente a lo público desde instancias gubernamentales. Para ayudar a entender los motivos subyacentes, nada como una fuente de datos con una serie histórica lo suficientemente antigua. Podemos encontrarla en el ministerio de Educación, con datos de alumnos matriculados por comunidad y titularidad del centro de estudios que se remontan hacia atrás en el tiempo hasta el remoto 1990. Examinándolos para la comunidad de Madrid se observa una tendencia a favor del crecimiento de la educación privada —la “concertada” es privada también, solo que con subvención pública— que se concentra casi por completo en el segmento de secundaria:

Interesante: a la luz de los datos, lo primero que observamos es que Madrid siempre ha sido una región con un arraigo considerable de las ofertas educativas privadas (subvencionadas o no) frente a otras comunidades —en Castilla y León, por citar una región de perfil ideológico similar, el 67,2% de los alumnos de todas las enseñanzas no universitarias cursaban sus estudios en un centro público; en Andalucía, el 75,2% y en Castilla-La Mancha, el 81,8%. Sin embargo, desde el principio de la serie histórica puede apreciarse un crecimiento decidido de la opción pública hasta alcanzar un máximo del 60,1% global (63,2% para educación secundaria o equivalentes) en el curso 1996-1997.

¿Qué cambia ese año? El gobierno de la comunidad un año antes y el gobierno de la nación pasan a manos del partido Popular. Esta transferencia de poder coincide con el mayor avance de la educación privada en enseñanzas secundarias en la comunidad de Madrid de las últimas dos décadas: en apenas tres cursos la proporción de la pública pasa del 63,2% antes citado al 54,8% del curso 1999-2000. En 1999, además, se completa el proceso de transferencia de competencias de educación al gobierno de la comunidad, con lo que no se han registrado, desde entonces, cambios de signo político. Desde 2000 puede apreciarse en la enseñanza secundaria una pérdida sostenida de alumnos de centros públicos algo menor de medio punto porcentual por año. De seguir esta tendencia, la mayor parte de los alumnos de secundaria de Madrid estudiarán en centros privados antes del curso 2014-2015, dentro de la legislatura actual.

La sola visión de los datos no permite avanzar interpretaciones, aunque sí ofrece una perspectiva desconocida: nos encontramos en un proceso de cambio social que lleva ya quince años en marcha. Enviar a los hijos a un colegio privado o concertado supone uno de los ejemplos más claros que existen de “votación con la cartera”. Sin embargo, dada la evolución del poder adquisitivo real de la población es dudoso que haya existido, desde 1996, una disponibilidad creciente de recursos familiares para la partida educativa. Sólo los datos de los dos últimos años muestran cierta desaceleración, debida probablemente al contexto de crisis. ¿Tendrán los recortes en la pública una explicación contracíclica? ¿Estará el gobierno regional intentando alterar la calidad percibida de la educación en centros públicos para empujar a más padres a enviar a sus hijos a colegios privados, pese a su menor disposición al gasto?

En mi opinión, lo único que sabemos con seguridad es que el conjunto de incentivos al que se ven sometidos los padres a la hora de decidir el futuro académico de sus hijos sí se ha mantenido constante en todos estos años. Estos incentivos han sido en parte definidos por el gobierno regional desde una ideología falsamente neoliberal que promueve la subrogación de servicios en aras de una supuesta eficiencia —un auténtico gobierno neoliberal buscaría reducir al máximo su propia estructura, promoviendo, en el caso que nos ocupa, la educación privada no subvencionada frente a la pública. Pero no debemos olvidar que nada de esto hubiera sido posible sin un clima social favorable a estos cambios.

Nos encontramos muy cerca del momento en que más de la mitad de los alumnos de secundaria madrileños estudiarán en centros de titularidad privada. Este será un hito clave en el desarrollo de las futuras políticas educativas: ahora, con una minoría numérica de alumnos, se fomenta la educación privada en detrimento de la pública. ¿Qué no sucederá cuando se supere ese 50% al que nos acercamos de forma aparentemente inexorable? ¿Qué políticas se desarrollarán cuando la consejería de Educación pueda apoyarse en la fuerza de las cifras para afirmar que “solo favorecen a la mayoría”? ¿Qué será de la “marea verde” cuando, con sus carteras, los propios padres la hayamos ahogado en una “marea azul”? La lucha por la escuela pública está en una encrucijada. Quienes creemos en el ideal igualitario de educación de calidad para todos estamos obligados a seguir adelante. La alternativa es ceder en manos interesadas la formación de los futuros ciudadanos en una etapa crucial de sus vidas.