Observad el párrafo final de este artículo de 20minutos: «El informe que “expulsó” a Tomás Gómez: la Policía investiga a 11 de sus ediles y sus 14 empresas».
El tranvía de Parla fue adjudicado por 93,5 millones de euros (IVA aparte) en mayo de 2005 a un consorcio de empresas. Las obras tuvieron un sobrecoste del 38 % tras dos modificaciones presupuestarias, que incrementaron el precio 36 millones más IVA. En total las obras han salido en 255,9 millones de euros. El calendario de pagos termina en 2037.
Más allá de la ambigüedad del titular —¿de quién eran las 14 empresas, de Gómez o de sus ediles?— el párrafo final garantiza que 20minutos no va a entrar, próximamente, en ninguna competición de calidad periodística. En el cuerpo del artículo habla de la aprobación por parte del ayuntamiento parleño de incrementos en el coste del proyecto en dos ocasiones separadas. El montante inicial del proyecto, 93,5 M€ en su adjudicación en 2005, aumentó en 22,7 M€ un año después. En 2009, dos años después de la inauguración, se añadieron 13,3 millones más a las cuentas.
Ahora hagamos una sencilla suma. 22,7 más 13,3 son 36 M€ (como, concienzudamente, nos informa el artículo). El porcentaje calculado del sobrecoste sale del 38,5 %, un poco más que el reportado por el diario, para un total de 129,5 M€. ¿Y los 255,9 millones, de dónde salen?
Como no informa 20minutos, la diferencia entre los 129,5 y los 255,9 millones corresponde a la financiación de la deuda. El ayuntamiento de Parla, al igual que cualquier otra entidad pública o privada, puede no disponer de cientos de millones guardados en peliculeras cámaras acorazadas o mundanas bolsas de basura. En ese triste caso tendría que financiar sus compras.
Resulta que 129,5 M€, financiados a 30 años (de 2007, la inauguración del tranvía, a 2037, fecha de la finalización prevista de los pagos de la que —ahora sí— tenemos noticia gracias a 20minutos) y con un tipo fijo del 5,2 % «cuestan» aproximadamente 255,9 M€. Quizá sea un coste algo caro para una financiación a 30 años negociada por una entidad pública, pero no estaríamos hablando de más de unas décimas. Ni siquiera el 38 % de sobrecostes es excesivo. Flyvbjerg, por ejemplo, sitúa la media de desviación presupuestaria en proyectos ferroviarios en el 45 %; está citado en este metaanálisis: Cost Overruns in Large-scale Transportation Infrastructure Projects: Explanations and Their Theoretical Embeddedness. Así pues, ¿dónde está la noticia?
Lo que está bajo sospecha aquí no son los costes, sino su imputación. ¿Están realmente justificados los costes en fallos de previsión, en cambios de alcance justificados, en variaciones de precios de materias primas? ¿Tuvieron las empresas de los ediles involucrados —no de Tomás Gómez, pese a la duda inducida— algo que percibir de ellos? El artículo se limita a citar la sospecha genérica de la UDEF, que pide ayuda a la Tesorería de la Seguridad Social, a la Agencia Tributaria y a la Intervención General del Estado para desentrañar el asunto. No se habla en ningún momento de la naturaleza de tales sospechas y se puntúa la información con un despliegue de cifras tan poco llamativas que han hecho obligado recurrir a afirmar que el coste del tranvía incluye el de su financiación.
¿Lo normal? Cuando compráis un coche o un piso, ¿cuánto decís que ha costado? Apuesto a que ni siquiera recordáis cuánto daba la suma de los plazos del préstamo que firmasteis en el banco.
P.S.: Es lamentable que tenga que dejar esto claro, pero allá va. No pretendo defender a Tomás Gómez (leed esto, es entretenido), a sus ediles, a las empresas constructoras o a la concesionaria del tranvía. Ni siquiera estoy diciendo si es barato o caro ni examinando su impacto, positivo o negativo. Solo me quejo de cómo no-noticias sobre quién-sabe-qué sospechas (porque no las conocemos) se cuelan en nuestro menú informativo de todos los días. Y eso sin entrar a citar las cuatro veces, cuatro, que se remachan en el artículo cifras con la coletilla «más IVA». No me hagáis empezar con eso.
Foto de Ingolf.