Uno de mis descubrimientos intelectuales de los últimos tiempos, María Álvarez, argumenta con éxito en una reciente columna de opinión en ElDiario.es que el precio de la vivienda determina el coste de la vida en general, ya que se transmite al resto de la economía minorista a través de alquileres de locales prohibitivos y precios de productos y servicios que los persiguen para intentar cubrirlos. En ese sentido, todos somos inquilinos de la clase rentista.
Pues bien: estoy convencido de que existe un mecanismo análogo que provoca que la contratación pública gobierne el conjunto de los salarios en España, contribuyendo a mantenerlos bajos. La cadena de transmisión es igual de sencilla. Muchas empresas proveen sus servicios al sector público. De hecho, en 2024 el coste de las licitaciones de todas las administraciones públicas fue casi el 11 % del producto interior bruto del país. Estas empresas, por emplear la familiar e involuntariamente género-inclusiva metáfora liberal, maman de la teta de papá Estado. Muchas otras empresas, a su vez, proveen de servicios a estas, actuando como multiplicador económico. Por tanto, un porcentaje muy alto de la facturación del sector privado depende, directa o indirectamente, del sector público.
El criterio elemental de responsabilidad presupuestaria obliga a las administraciones públicas (locales, autonómicas y nacionales) a licitar sus concursos con precios de referencia «ajustados al mercado». Lo contrario es, literalmente, ilegal (Ley de Contratos del Sector Público, artículo 100.2). Podemos estar seguros de que las cantidades que aparecen en los pliegos como guía para las empresas que realicen ofertas no son en absoluto generosas. Teniendo esto en mente, poneos en el lugar de una de estas empresas. Hay que competir para ganar. Es de lo más común, dependiendo del nivel de desesperación que circule por el departamento financiero, ofertar bailando muy agarrados a la normativa de bajas temerarias (artículo 85 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, por si tenéis curiosidad malsana). ¿Y cómo se bajan los precios en una oferta?
Veamos. Los materiales cuestan lo que cuestan. Uno puede hacer un poco de gestión de inventario, o negociar descuentos por volumen, pero a partir de determinado nivel, todo el pescado está vendido. Para nosotros y para la competencia, que no es tonta. Por cierto, respecto de la inteligencia: ¿habéis oído decir alguna vez aquello de que «hoy el más tonto hace relojes»? Es verdad. Las soluciones que ofrezcan las empresas punteras de un sector cualquiera tenderán a parecerse bastante, con lo que hay pocos ahorros comparativos que se deriven de diferencias de diseño. ¿Y los costes fijos? Parecidos para todo el mundo. Quién no lleva las últimas décadas optimizando hasta el último euro de las partes de la empresa no productivas, pero necesarias.
Naturalmente que no vamos a tocar el beneficio empresarial, porque esos Audis Q7 no se van a conducir solos. Así que solo quedan dos líneas presupuestarias para exprimir, apretar, estrujar, rebajar y esquilmar. Y por lo dicho hasta aquí, son la misma: el coste de servicios de terceros, y el coste de personal. Son la misma porque para cualquier empresa subcontratista se aplican las mismas consideraciones respecto de los precios de los insumos, salvo precisamente el de sus costes de sub-subcontratación de haberla y lo que paga a sus propios empleados. Por inducción, queda probado: la parte más sensible de una oferta respecto de su precio son los salarios de los trabajadores.
Pero tranquilos, que si algo puede empeorar, empeorará. Mirad este ejemplo del Ajuntament de Barcelona, encontrado en la hoguera de las vanidades de LinkedIn:
La ley de Contratos del Sector Público obliga a muchas cosas, pero entre ellas no se encuentra fijar retribuciones para el personal adscrito a proyectos (los masoquistas entre vosotros podéis mirar su artículo 145). Establecer este detalle solo complica las cosas innecesariamente, amén de sacar de la licitación a empresas con salarios dignos. ¿No sería preferible para el licitador que el personal de la oferta ganadora percibiera salarios mejores en pos de una máxima calidad del resultado de los trabajos? Ya habíamos visto que, en condiciones normales de mercado, la legislación va a tender a forzar salarios bajos. Lo que hace esta fórmula, en mayúsculas y negrita para más inri, es garantizar que no solo se escoge la oferta más barata, sino también la que incluya los salarios más bajos, por si a algún loco empresario socialista se le había ocurrido bajarse su beneficio industrial. Una ingeniera del primer grupo está obligada en la práctica a vivir emparejada; un administrativo, en piso compartido, en casa de sus padres o en comuna afectivo-sexual. Una administración pública hecha y derecha dictando las condiciones de vida de quienes trabajan para ella y fomentando, a la postre, uno de los males endémicos de este país: los salarios de miseria.
Igual que sería interesante que los poderes públicos pusieran algún tipo de control en el mercado de la vivienda para tirar de las riendas de la economía del lado de los precios, habría algo positivo en que las licitaciones públicas introdujeran criterios de masa salarial de forma directa. La ventaja es que, mientras que lo primero se antoja complicado —sí, yo también creo que construir es buena idea, pero para un parque de vivienda público en régimen de alquiler social—, lo segundo está más expuesto a cambios normativos que mejoren la situación.
Pese al ejemplo que he expuesto, estoy totalmente a favor de que las licitaciones públicas incluyan criterios de masa salarial. Pero justo al contrario: con salarios mínimos, no máximos. Con un criterio de puntuación técnica adicional por superarlos. Y, puestos a pedir, factores de ponderación de la desviación típica de las retribuciones dentro de cada empresa o UTE: más puntos cuanto menor sea. Basta de CEOs que ganan centenares de veces más que su empleado peor pagado, con una brecha en constante aumento. La literatura científica está de acuerdo en que una sociedad más justa es aquella en la que se acotan las desigualdades.
¿La obra pública sería más cara? ¿Empeoraría la proverbial economía de tantos grandes proyectos españoles, sobre todo ferroviarios? Muy probablemente. Pero también sería más justa y de mayor calidad, y establecería una palanca de mejora para uno de los problemas eternos de España gracias al efecto tractor del sector público sobre el privado. Porque, recordemos, mejores salarios equivalen a mayor consumo y nivel de vida, más actividad económica, mayores recaudaciones de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social, y unas pensiones más justas y sostenibles.
Bibliografía
Álvarez, M. (22/10/2025). Todos somos inquilinos, y cuanto antes nos enteremos, mejor. ElDiario.es. https://www.eldiario.es/opinion/zona-critica/inquilinos-enteremos-mejor_129_12706038.html (en abierto: http://archive.today/8Q4j7)
Las cifras de la contratación pública en 2024 (Módulo 1; Informe Anual de Supervisión). (2025). Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación. https://www.hacienda.gob.es/RSC/OIReScon/informe-anual-supervision-2025/ias2025-modulo1.pdf
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